Participación política de las mujeres: violencia y derechos
Hace 12 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 50/134, acordó conmemorar anualmente, cada 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El hecho que marcó este evento fue el lamentable asesinato de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas dominicanas, el 25 de noviembre de 1960, por agentes del dictador Rafael Leónidas Trujillo.
En todo el mundo las mujeres siguen siendo agredidas con muchos tipos y niveles de violencia en diferentes ámbitos de su vida, incluyendo el ejercicio de sus derechos políticos. Numerosas mujeres candidatas relatan cómo se desataron incidentes de violencia verbal, incluso física, al interior de sus propios partidos, y contra ellas; pasando por la discriminación económica de no tener acceso a los mismos recursos que candidatos varones, el mal uso que se les ha dado a aquellos destinados al empoderamiento de las mujeres, hasta el hostigamiento y el acoso sexual o la violencia comunitaria. Todo para desanimarlas, perjudicarlas y hacer que su camino al éxito político sea más difícil o se frustre.
Erradicar esta violencia es una urgencia en materia de derechos humanos. La mexicana Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia representa un importante avance, una bandera. Hoy tendríamos que pedir que se ampliase al acoso y a la violencia que sufren las mujeres que participan en la esfera política. Proviene de hombres y mujeres que pertenecen a los mismos partidos que ellas, de hombres y mujeres de otros partidos, de medios de comunicación, de la propia sociedad. Podríamos decir que se ejerce violencia social contra las mujeres que participan en política.
Paradójicamente, los avances en la legislación electoral en materia de cuotas de género, que en nueve estados del país ya señalan la paridad de género en las listas de candidaturas, han tenido como efecto un aumento en la incidencia de violencia contra mujeres que son aspirantes, candidatas o autoridades en funciones.
Una serie de comportamientos habituales en política merecen ser desterrados: utilizar el trabajo y el poder de convocatoria de muchas líderes sociales para ponerlo invariablemente al servicio de candidatos varones, regateándoles a ellas la posibilidad de llegar al poder. O enviar sistemáticamente a mujeres a competir en los distritos en los que el partido no tiene posibilidades reales de ganar, colocarlas al final de las listas, o no apoyarlas en las campañas y no invertir recursos en ellas. También está el despojo del poder cuando llegan a él o la exclusión de los espacios en los que realmente se toman las decisiones. Cuando se les oculta información, se les escatiman los medios, se les impone, por razón de género, la realización de tareas ajenas a sus funciones o, peor aún, se les presiona para respaldar decisiones en contra de su voluntad, de sus principios e incluso de la ley.
El acoso político, especialmente en el nivel municipal, aún no ha sido contrarrestado por adecuados mecanismos de sanción. La investigación de las acciones de acoso y violencia contra concejalas y alcaldesas de Bolivia registra que entre 2000 y 2005 fueron denunciados más de 200 actos de violencia, destacando las presiones recibidas para renunciar a su cargo y los actos de violencia verbal y sicológica, pero incluyendo también la violencia física y sexual.
En México, la investigación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre las sentencias dictadas en los 20 mil 789 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, resueltos entre 1996 y 2008, revela que 41.4% de dichos juicios fueron promovidos por mujeres. De ellos, casi la mitad cursó sobre la supuesta violación al derecho de afiliación de las actoras y una cuarta parte una presunta violación al derecho a ser votadas.
Un caso paradigmático y tristemente célebre es el de las ocho diputadas federales de la actual Legislatura que, apenas asumido el cargo, solicitaron licencia por tiempo indefinido para, en la práctica, cederlo a sus suplentes varones, campeones del mundo parlamentario en ausentismo y baja productividad. El estigma recayó sobre ellas, cuando de hecho fueron ellos quienes las colocaron en las listas con el propósito de perpetrar un fraude de ley.
La violencia adquiere hoy ropajes de sutileza y no por ello deja de ser brutal y denigrante. Violencia política es también la que ejercen los medios de comunicación cuando destacan la apariencia física de las candidatas y no sus propuestas de campaña; o cuando la nota se la llevan no sus programas gubernamentales o sus propuestas legislativas, sino su vida privada o sus características personales. Desafortunadamente, también son conocidos varios casos de mujeres alcaldesas, síndicas y regidoras que han sido objeto de violencia física extrema que, en ocasiones, ha resultado en la pérdida de sus bienes, de su integridad física o incluso de su vida.
Pareciera que se está haciendo pagar a las mujeres un precio de humillación, difamación, calumnia y descrédito por atreverse a incursionar en un universo tradicionalmente ocupado sólo por hombres. Del mismo modo que pudimos ser testigos de las dificultades que tuvieron que pasar las primeras mujeres que fueron a la universidad, trabajaron en una mina, vistieron un uniforme de policía o fueron recibidas como militares.
Por ello, resulta fundamental impulsar la defensa y la garantía del pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, sin medias tintas. Necesitamos que la violencia en este contexto deje de estar en el ámbito de la anécdota, el rumor institucional o la prensa sensacionalista local para trascender al plano de las garantías y la legalidad. Y también de la estadística, para visibilizar y medir el problema.
Naturalmente, nos gustaría poder decir que el problema no existe o está resuelto. No es así. Es por ello indispensable llamar la atención sobre el tema, documentarlo y colocarlo en la agenda política. Hay que construir alianzas, proteger a las víctimas, sancionar a los agresores y dar respuesta con leyes, con comportamientos positivos y, por qué no, también de censura ante las agresiones.
Eliminando la violencia contra las mujeres en el ámbito de la política, hacemos mejor a la política y erradicamos una buena parte de la violencia de género.
Coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México
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